LA HONESTIDAD DE JAVIER DIEZ CANSECO POR ENCIMA DE LAS BAJEZAS DE ALDO MARIATEGUI Por Ernesto De La Jara
Columnistas Diario 16 | 08-05-2013 | Ernesto De La Jara
LA HONESTIDAD DE JAVIER DIEZ CANSECO POR ENCIMA DE LAS BAJEZAS DE ALDO
MARIATEGUI
Una manera de expresar reconocimiento por Javier Diez
Canseco es recordar que murió estando suspendido, debido a que el Congreso le
impuso dicha sanción de una manera totalmente arbitraria y luego se negó a
cumplir –ilegalmente- con la sentencia que ordenó reincorporarlo a su curul.
El motivo de la sanción fue que había incurrido en
conflicto de intereses, al plantear en un proyecto de ley el canje de las
acciones de inversión por acciones comunes, sin advertir que su hija y exesposa
tenían el primer tipo de acciones en la empresa Backus.
La denuncia provino de Aldo Mariátegui, quien –antes de
que lo echaran de Correo– le dedicó 15 portadas (en 11 meses), además de 12
columnas del director y unas 47 notas.
Contra lo que Correo pretendía que se creyera, lo primero
que hizo el congresista fue demostrar que la conversión que buscaba impulsar
afectaría a cerca de tres mil millones de acciones de inversión y, por
tanto, había de por medio millones de personas, entre trabajadores y
pequeños inversionistas, así como pensionistas de las AFP (más de 4 millones).
Los primeros, por ser titulares de las acciones, y los
segundos, debido a que sus pensiones dependían de varias AFP, cuyo patrimonio
incluía el 20% de las acciones de inversión existentes (583 millones, las
cuales representaban cerca de dos mil millones de nuevos soles).
Estando de por medio los intereses de tantas personas era
lógico lo que buscaba el proyecto: que las acciones de inversión tuvieran los
mismos derechos que las comunes, ya que corrían los mismos riesgos. No había
ninguna razón –según el planteamiento– para que las primeras no permitieran la
participación en la dirección de las empresas o en la discusión sobre las
utilidades. En base a ellas, no se tenía ni siquiera el derecho a pedir
información.
De esta manera se buscaba, entre otros fines, la
restitución de los derechos de quienes tenían este tipo de acciones, así como
garantizar el buen manejo de los fondos de pensiones, a fin de evitar las
cuantiosas pérdidas que se venían produciendo con el régimen vigente.
El que hubiera un interés general evidente
explicaba que ya antes se hubieran presentado 11 proyectos sobre lo
mismo, provenientes de casi todas las fuerzas políticas, y que el canje
lo promoviera también la superintendencia del Mercado de Valores. Igualmente,
un número de empresas lo venía haciendo voluntariamente, entre ellas
Buenaventura, Milpo y Cementos Lima.
Respecto a que la medida beneficiaría a sus
familiares, JDC también tenía argumentos contundentes. En el caso, por ejemplo, de su hija, el primer hecho que
había que tomar en cuenta era que el número de acciones que tenía era ínfimo:
12,030 frente a las 647 millones que en total poseía Backus (el 0.0021%) y a
los tres mil millones que habían en el mercado.
Pero, se decía que aunque fueran pocas, el valor de las
acciones familiares se incrementaría significativamente, ya que el precio de
las comunes era mucho mayor que el de la de inversión. Siguiendo esta lógica,
Mariátegui acusó a JDC de hacer un “buen negocio”, con el argumento de
que en la empresa donde sus familiares tenían acciones, el valor de una acción
de inversión era de S/. 4 mientras que el de una acción común llegaba a S/. 57.
Sin embargo, se omitía un dato clave: el canje propuesto en el proyecto era en
función del valor nominal. Así, por ejemplo, si el valor de una acción de
inversión era de un nuevo sol y el de una común de diez nuevos soles, el
canje tendría que ser de diez de las primeras por una sola
común (10 X 1). En el ejemplo de Mariátegui, para pasar a tener una acción
común se requeriría canjear casi quince acciones de inversión. (15 X 1)
Se llegó a decir que con el canje su exesposa e hija
pasarían a controlar Backus, cuando el 90% de las acciones de inversión que de
esta empresa que podrían pasar a ser comunes, estaban en manos de una sola
empresa.
Y si JDC no había advertido lo de sus familiares, fue
porque –como siempre explicó– lo debía hacer- de acuerdo a lo dispuesto
expresamente por el artículo 4 del Reglamento del Congreso- cuando se
iniciara la discusión del proyecto, el mismo que todavía ni siquiera aparecía
en la agenda de la comisión respectiva. En esto, la sentencia del Poder
Judicial a su favor es categórica: “no se advierte mayor fundamentación para
establecer que la conducta del actor se encuadra dentro del tipo establecido en
el artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, cuando en tal artículo se
establece el deber del congresista de informar su interés en la aprobación de
un proyecto de ley cuando participa en el debate o la aprobación del mismo,
pero no cuando presenta un proyecto de ley…”.
Qué más prueba de su total inocencia que el informe
inicial de la secretaría técnica de la Comisión de Ética, el cual fue
exculpatorio en todos los puntos, aunque después incomprensiblemente lo
terminara acusando, pero solo por mayoría. A su favor mandaron informes al
Congreso juristas como: Samuel Abad o Jorge Avendaño, y tuvo el respaldo
de periodistas tipo Augusto Álvarez Rodrich, Rosa María Palacios y César
Hildebrandt.
El hecho que lo terminó de reivindicar fue la sentencia
que un juez constitucional emitió a su favor, usando para ello una
argumentación muy rigurosa, basada en jurisprudencia nacional e internacional.
Sin embargo, la mayoría del Congreso se negó a cumplirla alegando “…que las
sanciones que impone el pleno del Congreso derivado de los informes que emita
la Comisión de Ética no puedan ser revisadas en sede constitucional…”, lo cual
implica desconocer lo que es casi una regla universal, recogida por el TC:
“...en un Estado Constitucional de Derecho no existen (ni pueden auspiciarse)
zonas exentas de control constitucional…”.
No se trata de idealizarlo. Somos muchos los que hemos
discrepado con sus posiciones políticas y creemos que sus errores no han
sido pocos Pero no por eso vamos a dejar de reconocerle una serie de
virtudes. Cómo habrá sido su corrección que hasta el obsesionado de
Mariátegui solo le ha podido sacar tres acusaciones –absolutamente discutibles–
en relación a una trayectoria política de más de 40 años
.
Estaba claro, desde el comienzo, que lo que se
quería era golpearlo allí donde más le pudiera doler: su honestidad. Un plan
cruel que si prosperó fue por la mezquindad de sus adversarios, pero con la
complicidad de los humalistas que el día de la votación en el pleno se le
voltearon, cumpliendo –según el mismo JDC– órdenes de arriba, por haberse
salido del libreto oficial. Es la historia de una de las peores bajezas
políticas, pero también de una oportuna reivindicación, confirmada con su
reconocimiento póstumo.