Peru: hay 100,000 armas ilegales

El tema del control de las armas y el derecho a portar un arma y defender, frente a un mercado ilegal de venta y compra en las  calles de Perú, pone encrucijada los derechos civiles y los vacios de la Constitución peruana del 1993.

Peru: hay 100,000 armas ilegales   Hay 100 mil armas ilegales y 150,000 no tienen licencia Realidad y Controversia. Ingresan de contrabando y las prohibidas, de calibre 9 mm, Pueden costar hasta 1.200 soles en el mercado negro. Panorama del uso de armas en el Perú al desnudo tras la polémica desatada por el reciente D.S. 006-2013-IN que, según sus críticos, limita el derecho a la defensa y a la vida. Abogados y expertos en seguridad opinan al respecto. Ernesto Guerrero L./La República Controversia, intercambios de declaraciones, opiniones a favor y en contra, ciudadanos que aseguran que se les corta su derecho a defenderse, deportistas que se indignan porque afirman que se les dificulta  practicar el tiro y la caza, propietarios que aseguran que se transgrede el derecho a la propiedad privada. Una gran polémica ha generado en el país la reciente norma del gobierno que, con el argumento de disminuir la criminalidad, incluye varias disposiciones, entre ellas la prohibición a los civiles de tener más de dos armas de fuego, salvo en casos excepcionales. ¿Qué dictamen avivó el debate en torno al uso de armas? Fue el Decreto Supremo 006-2013-IN que modifica el reglamento de la Ley 25054, la cual norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que no son de guerra. Las medidas dispuestas en ese decreto por el Ejecutivo se presentan en medio de un panorama incierto sobre la existencia de armas en el Perú. La misma Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) no cuenta con  información precisa sobre el armamento que actualmente se maneja en el mercado negro. No obstante, se estima que supera las 100 mil unidades. Fuentes policiales revelaron a La República que la mayoría de pistolas y revólveres son ingresadas de contrabando por la frontera norte y por Desaguadero, región Puno. "Esas armas son nuevas y se venden por delivery. Una pistola calibre 9 milímetros simple puede costar hasta 1.200 soles y un revólver 38 no baja de los mil...", señala la fuente, tras indicar que en lugares como Las Malvinas (de la Av. Argentina) y el llamado Paradero 50 (en Comas) un arma vieja se puede obtener hasta por 400 soles. Según cifras oficiales, en el país existen 310.298 armas de diverso tipo y calibre formalmente registradas. Sin embargo 158.320 están en situación irregular al haber caducado sus licencias de uso. Las pistolas son las más usadas. Hay en circulación legal 90.590, mientras 70.483 revólveres están en igual situación. Limita defensa Abogados y expertos en seguridad ciudadana expresaron su desacuerdo con las disposiciones en la norma, entre ellas que los civiles tengan más de dos armas de fuego. Según el constitucionalista Edilberto Joaquin Escudero, el polémico dispositivovulneraría el artículo segundo de la Constitución que consagra el derecho que tienen los ciudadanos a la legítima defensa. "Es una garantía constitucional a la que no se le puede poner restricciones. Se limita la capacidad de respuesta del ciudadano ante un eventual ataque criminal, se está trasgrediendo sus derechos", precisó, deplorando que las autoridades del sector Interior no hayan puesto en debate el tema antes de modificar con un decreto supremo, a su juicio ilegítimo, el reglamento de la ley 25054. El cuestionado decreto también reduce solo a dos las armas a los deportistas que practican tiro y caza, sin considerar que para participar en competencias internacionales estos requieren de al menos 6. La norma ratifica, igualmente, otras dos restricciones impuestas con anterioridad por el Estado. En efecto, desde el 4 de diciembre del 2012 ningún ciudadano está facultado para usar pistolas Parabellum o Luger calibre 9 milímetros, por haber sido consideradas como material de guerra por su alcance y gran potencia. 180 días de plazo El DS 006-2013-IN otorga un plazo de 180 días a quienes posean Parabellum o Lugerpara que las entreguen a las autoridades sin recibir ninguna compensación económica por ello. La otra restricción está relacionada con las licencias para portar armas. Antes estas tenían una vigencia de 5 años, sin embargo desde el 7 de diciembre del 2012 tienen que ser renovadas anualmente. La norma establece, además, que en adelante será necesario tramitar licencia especial para portar  armas neumáticas (de aire comprimido) y aparatos de shock eléctricos paralizantes, pese a ser herramientas de defensa personal no letales. Voceros de la Presidencia del Consejo de Ministros explicaron que la medida que limita a dos el número de armas de uso civil para defensa personal y práctica deportiva fue adoptada a fin de evitar que se trafique con ellas impunemente. Tráfico encubierto "Antes era posible poseer hasta 5 pistolas o revólveres, cuando una o dos son suficientes. Mucha gente aprovechó este beneficio y, luego, denunció falsamente la pérdida o robo de cuatro de sus armas para comercializarlas con ventaja en el mercado negro", refirió la fuente. El general EP (r) Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi, jefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) corroboró esta versión. Carcovich informó que 1.500 de las 6.000 pistolas de cañón largo Parabellum que fueron vendidas en el Perú en los últimos 4 años (antes de su prohibición) "han desaparecido". Precisó que el valor de una pistola Parabellum bordea los 700 dólares (unos 1.800 soles) en el mercado negro. El penalista y catedrático Roberto Martín del Solar lamentó que el gobierno se esmere en desarmar a los civiles, a través de normas legales poco serias, y deje intacta la potencia de fuego de los maleantes. "En el Perú las víctimas por accidentes de tránsito superan largamente a los casos de homicidio cometidos con armas de fuego. Sin embargo, sería absurdo que el gobierno trate de combatir ese problema limitando solo a dos el número de carros que adquiera un ciudadano", subrayó el abogado. Del Solar está convencido de que el endurecimiento de las normas legales contribuye muy poco a disminuir los índices de criminalidad. Por esa razón planteó activar los aparatos de Inteligencia del Estado para rastrear, identificar y capturar aquienes mueven millones de soles vendiendo armas en el mercado negro local. El coronel EP (r) Luis Gutiérrez Carranza, jefe encargado de armas en la Sucamec (antes Discamec), reconoció que la mayoría de crímenes son cometidos con armas adquiridas en el mercado negro. "Muchas provienen del contrabando y otras de robos registrados en  entes castrenses", sostuvo. Reveló que hay requisadas 21.000 armas que serán destruidas progresivamente, pues su numeración fue borrada o cambiada por el hampa. 'Carne de cañón' Debido a la sensación de inseguridad que se percibe en las calles, se ha incrementado en un 10 por ciento las solicitudes  para portar armas de puño. En el 2010 funcionaban 121 armerías en el país y hasta diciembre del 2012aumentaron a 230. Para César Augusto Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), las restricciones contempladas en el Decreto Supremo 006-2013-IN solo afectan a los civiles responsables que buscan protegerse de la delincuencia. "No podemos obstaculizar la posibilidad de defensa de un empresario, de un comerciante, de un profesional, y dejar intacta la capacidad de fuego de los criminales", señaló, y agregó que se deja mucho más vulnerable a la gente de bien. Ortiz deploró que el gobierno ponga "como carne de cañón" a personas inocentes,en vez de centrar su atención en el tema de fondo que es el mercado negro de armas."Si se busca mejorar la seguridad ciudadana, se debería golpear con fuerza ese flanco", recomendó. Protestan usuarios La Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF), que agrupa a personas directamente afectadas por el decreto supremo, anunció que se encuentra reuniendo firmas en las calles a fin de presentar un proyecto de ley modificatorio ante el Congreso por iniciativa ciudadana. La APPLAF señala que el decreto supremo en cuestión, a parte de atentar contra la legítima defensa y el derecho a la vida, también transgrede el derecho a la propiedad privada. "Los posesionarios de más de dos armas, por mandato  de esta norma, ahora están obligados a entregarlas a la Sucamec o rematarlas a posibles compradores antes de perderlas", denunciaron. Guillermo Cherre, presidente de la Asociación Peruana de Tiro Defensivo, igual se queja: "Somos parte de la Reserva del Ejército, como francotiradores, y ahora ni siquiera podemos utilizar nuestras armas". En cifras 1.500 pistolas Parabellum calibre 9 milímetros, de las 6.000 que fueron comercializadas en el Perú en los últimos 4 años, antes de su prohibición, terminaron en el mercado negro. 21.000 armas confiscadas a delincuentes comunes responsables de homicidios, asaltos, secuestros y otros delitos, serán destruidas próximamente. Todas carecen de números de serie. 180 días tienen de plazo los poseedores de más de dos armas de fuego para entregar las restantes a la Sucamec sin recibir a cambio ni un céntimo. Enfoque del congresista Norma debe legislar a los informales Renzo Reggiardo, Congresista de la República dice, La norma necesita ser debatida y analizada con mayor detenimiento, porque a simple vista se da a entender que se les está poniendo una serie de limitaciones a los formales y a los que son ilegales no. Pienso que el decreto debe ir acompañado de otros dispositivos normativos orientados a legislar a los informales que son en su mayoría los delincuentes que están en las calles. Cuando yo presidí la Comisión de Seguridad  Ciudadana del Congreso, el primer proyecto de ley que presenté fue uno que ponía penas más severas a las personas que utilizaban armas ilegales del mercado negro, pero lamentablemente no fue aprobado por falta de votos. Si el decreto actual beneficia a los delincuentes, eso no lo sé, pero no podemos normar solamente a las personas que son formales y que tienen autorización, que son en su mayoría deportistas y empresas de seguridad. Lo primero que hay que hacer es normar a aquellas personas que están alejadas de la formalidad, que son los delincuentes. Lo ideal sería que nadie use armas porque es una herramienta que genera mucho daño, pero hay que considerar que en la sociedad hay gente que usa las armas para practicar un deporte.